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Víctimas de abuso eclesiástico creen que el Arzobispado busca encubrir


Abusos en el Monasterio de Tupungato

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Como lo dio a conocer el Procurador Alejandro Gullé, la cúpula de la iglesia mendocina estaba llevando adelante una investigación paralela por las denuncias en el monasterio Cristo Orante. Para la Red de Sobrevivientes de Abuso Eclesiástico, esta metodología “viola los derechos de las víctimas”.

Por: Melisa Stopanskyredaccion@elsoldiario.com.ar@melisastopansky

La Red de Sobrevivientes de Abuso Eclesiástico emitió un comunicado en donde rechaza el accionar del Arzobispado en Mendoza, que conocía la denuncia de abuso sexual contra miembros del Monasterio del Cristo Orante en Tupungato, realizó una investigación propia de la que no se conocen los resultados y cerró el lugar, tras los allanamientos realizados por la Justicia.

Para el organismo que representa a las víctimas de abuso sexual por parte de miembros de la Iglesia, la forma en la que actuó la institución de la cual dependen las distintas congregaciones religiosas en este caso, “representa un eslabón más de la larga cadena de abusos de poder que se cometen en la Iglesia Católica”.

En un parte de prensa, la organización no gubernamental “advierte a la opinión pública que
el método empleado por el Arzobispado de Mendoza para tratar el caso, responde a una línea
institucional donde la mentira y el ocultamiento son pilares fundamentales”.

En la comunicación se recuerdan las declaraciones públicas del Procurador General Alejandro Gullé, que el 28 de diciembre afirmó que  “el Arzobispado ya estaba investigando, administrativamente, a los monjes y la
causa iba a ser elevada al Tribunal Eclesiástico”.

En tanto se aclara que “el procedimiento canónico – en cualquiera de sus etapas – es violatorio de
elementales garantías para las víctimas, principalmente, las del debido proceso y defensa en juicio.
Existen dos precedentes en la jurisprudencia de los tribunales de Mendoza, que dan cuenta de
ello”.

“Ponerse a disposición de la justicia”, “rezar”, manifestar “dolor”, son sólo algunos de los actos de fingimiento institucional que complementan el accionar antijurídico y contrario al estado de derecho, marca registrada de la Iglesia Católica en materia de derechos humanos”, advirtió la red.

Y agrega que “el Arzobispado de Mendoza, forma parte del sistema de encubrimiento avalado por el papa
Francisco. Días pasados, los medios informaron que mantiene en el Vaticano al ex obispo de
Orán (Salta), Gustavo Zanchetta, quien ha sido acusado por abuso sexual y fue trasladado por el
propio pontífice.

“El caso del monasterio de Tupungato, será otra demostración de abuso de poder, denegación
de justicia y violación de derechos humanos, salvo que la Iglesia Católica decida – de una buena
vez – abandonar su accionar delictivo y ajustarse a las leyes de la república las mismas que, de
modo contumaz, se jacta de eludir”, cierra la comunicación.

El parte completo:

El caso de los monjes del Cristo Orante representa un eslabón más de la larga cadena de abusos
de poder que se cometen en la Iglesia Católica.

La Red de Sobrevivientes de Abuso Eclesiástico de Argentina, advierte a la opinión pública que
el método empleado por el Arzobispado de Mendoza para tratar el caso, responde a una línea
institucional donde la mentira y el ocultamiento son pilares fundamentales.

Las declaraciones públicas del Procurador General Alejandro Gullé, el 28 de diciembre pasado,
así lo acreditan. El arzobispado ya estaba investigando, administrativamente, a los monjes y la
causa iba a ser elevada al Tribunal Eclesiástico.

Sin perjuicio de ello, el procedimiento canónico – en cualquiera de sus etapas – es violatorio de
elementales garantías para las víctimas, en especial, las del debido proceso y defensa en juicio.
Existen dos precedentes en la jurisprudencia de los tribunales de Mendoza, que dan cuenta de
ello. En los casos Iván González contra Arzobispado de Mendoza y C.E.T. contra Orden Salesiana
de Don Bosco, la justicia ha declarado que el Derecho Canónico no prevalece sobre la
Constitución Nacional y derechos humanos de los denunciantes, declarando en el segundo caso
la inconstitucionalidad – por carecer de razonabilidad y violatorio del debido proceso legal – de
los cánones 1717 y 1719.

El primero de ellos, precisamente, es el que está aplicando el obispo
Colombo al caso Cristo Orante.

Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, el 13 de abril de 2015, sostuvo que
“Considerar que la Iglesia Católica, en su calidad de persona pública no estatal, se encuentra
obligada a cumplir con el deber de informar que consagran los Tratados internacionales de
Derechos Humanos, no implica en modo alguno vulnerar el Derecho Canónico ni el Concordato
firmado con la Santa Sede”.

“Ponerse a disposición de la justicia”, “rezar”, manifestar “dolor”, son sólo algunos de los actos
de fingimiento institucional que complementan el accionar antijurídico y contrario al estado de
derecho, marca registrada de la Iglesia Católica en materia de derechos humanos.

El Arzobispado de Mendoza, forma parte del sistema de encubrimiento avalado por el papa
Francisco. Días pasados, los medios informaron que mantiene en el Vaticano al ex obispo de
Orán (Salta), Gustavo Zanchetta, quien ha sido acusado por abuso sexual y fue trasladado por el
propio pontífice.

La conducta siniestra de Bergoglio, se completa con un pedido a los presidentes de las
conferencias episcopales de “visitar” a las víctimas, antes de concurrir al evento convocado para
febrero de este año en el Vaticano. Otro acto de amedrentamiento y violencia, disfrazado de
falso arrepentimiento.

El caso del monasterio de Tupungato, será otra demostración de abuso de poder, denegación
de justicia y violación de derechos humanos, salvo que la Iglesia Católica decida – de una buena
vez – abandonar su accionar delictivo y ajustarse a las leyes de la república las mismas que, de
modo contumaz, se jacta de eludir.

Red de Sobrevivientes de Abuso Eclesiástico de Argentina.
03 de enero de 2019.

Fuente: www.elsol.com.ar

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