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El grave error del DNU de extinción de dominio: no podrá aplicarse a los Kirchner

Former Argentina president Cristina Kirchner, leaves a federal court  in Buenos Aires, on August 13, 2018.
Kirchner appeared before judge running enquiry into ‘corruption notebooks’ case. / AFP PHOTO / EITAN ABRAMOVICH

(Foto: AFP)

Por Silvina Martínez (*)

El decreto de necesidad y urgencia 62/2019 establece una herramienta para recuperar los bienes. Sin debatir sobre su constitucionalidad, analizaremos por qué la ex presidenta Cristina Kirchner saldrá airosa cuando intenten aplicarle el decreto. Y aquí una de sus principales falencias.

El articulo 5 del anexo del decreto 62/2019 (REGIMEN PROCESAL DE LA ACCION CIVIL DE EXTINCION DE DOMINIO) establece que estarán sujetos aquellos bienes incorporados con posterioridad a la fecha de presunta comisión del delito investigado. Veamos: en las causas Hotesur y Los Sauces fue procesada por asociación ilícita y lavado de activos la familia Kirchner por el periodo comprendido entre el 2010 al 2015. La mayoría de los inmuebles de los Kirchner fueron adquiridos en años anteriores. Los hoteles ALTO CALAFATE, LA ALDEA DEL CHALTEN Y LAS DUNAS fueron adquiridos en el año 2008, como también los principales activos.

Agrega el artículo 9 que sólo será admisible como excepción de previo y especial pronunciamiento la acreditación de que el bien o derecho objeto de la demanda se incorporó al patrimonio del demandado con anterioridad a la fecha de presunta comisión del delito investigado. Fácilmente los Kirchner demostrarían que sus bienes fueron adquiridos antes de los delitos.

Ahora bien, como Cristina Kirchner también fue procesada en otras causas, como por ejemplo las causas de los cuadernos de las coimas, y en esos casos el período abarca desde el año 2003, bien podría indicarse que los bienes fueron adquiridos con posterioridad a la fecha de comisión del delito.

Y aquí nos encontramos con un nuevo escollo para aplicar este DNU a los bienes de la familia Kirchner. Los sobreseimientos dictados (especialmente el del juez Norberto Oyarbide) en los cuales, al analizar denuncias por enriquecimiento ilícito de la familia Kirchner, se resolvió sobreseer a Néstor y Cristina.

¿Podrá un juez civil y comercial federal ordenar la extinción de dominio de los bienes de los Kirchner sin avanzar en la justicia penal con la reapertura de la causa de enriquecimiento de los ex presidentes? La realidad en la Argentina hubiera sido diferente si Oyarbide no hubiera salido por la puerta grande y un juicio político lo hubiera destituido.

Como siempre las mezquindades políticas prevalecieron sobre la racionalidad. Todos los ciudadanos reclamamos no sólo una condena en tiempo justo sino también poder recuperar el dinero robado. Todos sentimos de alguna u otra manera que lo que nos falta lo tienen los corruptos. Vemos el incremento patrimonial desmedido de los investigados en las múltiples causas de corrupción que proliferan en los tribunales de Comodoro Py.

Fuimos testigos de herencias millonarias producto de la muerte de un ex presidente quien encabezó una asociación ilícita para saquear el Estado y dejarle el mando a su esposa, como sucede en la mafia.

El mayor saqueo de la historia Argentina y la dificultad para recuperar algo de lo que nos robaron.

(*) La autora es apoderada de Margarita Stolbizer y de la ONG Bajo La Lupa.

Fuente: www.a24.com

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