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Claves: así quedó la ley de minería 7.722 modificada y promulgada hoy por Suárez

A pesar de las masivas manifestaciones, el Gobierno persistió en la promulgación de la norma.

El Gobierno provincial decidió promulgar la reforma de la ley ambiental 7.722, que flexibiliza la utilización de sustancias químicas y así dar paso a la minería metalífera, a pesar de la fuerte manifestación que se produjo en los últimos días tanto en Gran Mendoza como en el resto del territorio provincial, con acento en el Valle de Uco y General Alvear.

La nueva ley tiene algunos cambios importantes y sustanciales, como por ejemplo, el permiso para utilizar sustancias químicas como el ácido sulfúrico y el cianuro, así como también mezclas o disoluciones de ellas, y se agrega que el uso de las sustancias químicas en general estarán limitadas “a aquellos productos cuya producción, importación y uso estén permitidos” en el país. No obstante, sí se mantiene la prohibición del mercurio en la provincia “en todas sus formas”.

El proyecto contempla la creación de una comisión Bicameral “de contralor ambiental y seguimiento de actividades extractivas”, que deberá informar anualmente el estado del ambiente en la provincia en relación con la actividad minera y petrolera, así como también el cumplimiento o no de las normas de cuidado y preservación del agua y ambiente.

En el proyecto también se adicionan una serie de controles, según marca el Gobierno provincial, que serán realizados por organismos tanto estatales, como también externos.

Por ejemplo, la propia DIA sí deberá necesariamente contar con los informes sectoriales de los municipios donde se realice el proyecto en sí, del Departamento General de Irrigación, del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla), “y de otros organismos que considere la autoridad de aplicación como necesarios”, según marca la modificación del artículo 3.

También agrega que se deberá incluir “una manifestación específica de impacto ambiental sobre los recursos hídricos”.

Además, el artículo 10 añade la posibilidad de que el gobierno contrate a auditorías internacionales (como Naciones Unidas) para que realicen informes sobre el estado de las explotaciones mineras y petroleras, entre otras.

 

 

El proyecto también expresa que “a fin de preservar los recursos naturales”, la actividad minera será desarrollada respetando las limitaciones establecidas en el Plan de Ordenamiento Territorial (ley 8.999), así como también la de Protección de áreas naturales provinciales y preservación de Glaciares (ley 6.045).

Por otro lado, la reforma del artículo 4 establece como autoridad de aplicación a la Secretaría de Ambiente, hoy comandada por Humberto Mingorance, pero también crea una “Policía Ambiental de Actividades Extractivas”, que esté dedicada naturalmente al control de cada uno de los proyectos que se lleven a cabo en la provincia.

Además, en lo que refiere al control y uso del agua, establece al Departamento General de Irrigación el trabajo de control y seguimiento de cada uno de los emprendimientos mineros, “en todas y cada una de sus etapas, cuando los mismos pudiesen afectar las cuencas hídricas”.

La suma de artículos sigue con la obligación de que cada proyecto minero deba contratar de manera preventiva un seguro, como de responsabilidad civil, caución o fianza bancaria, entre otros, “para asegurar la recomposición y restauración de los terrenos afectados por la actividad”.

 

 

 

Por último, pero no menos importante, se agrega un artículo para la creación de un fondo de Compensación para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico y para Infraestructura Vial y de Servicios, en el cual con un porcentaje de las regalías mineras se financiarán obras de impermeabilización de cauces, y también de infraestructura vial y de servicios de saneamiento.

 

HACE CLICK AQUI –   Boletin oficial ley y modificacion 7.722

 

 

Por Juan Manuel Torrez – jtorrez@losandes.com.ar

Fuente: www.losandes.com.ar 

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